Por la vereda

Algunos comentarios (30 de septiembre 2008)

a. Los medios de comunicación están sacando al aire innumerables opiniones de personas que afirman que los crímenes contra los niños deberían ser castigados con pena de muerte. Además, muestran, en una marcha cargada de dolor en Chía, personas recogiendo firmas para la cadena perpetua para delincuentes, o siendo realistas, presuntos delincuentes. Pescando en río revuelto. El periodista capta el fenómeno al decir: “se acercan a firmar sin pensarlo”.

b. El Presidente y el Fiscal, lo mismo que muchos congresistas, aquí están felices mostrando su dureza indicando la necesidad de la cadena perpetua para estas personas. Pero, ¿cómo pueden decir esto cuanto a los paramilitares, que se sabe han hecho matanzas terribles -que han descuartizado, bebido sangre humana, comido carne humana, jugado fútbol con cabezas humanas y miles de atrocidades más-, no pagan penas significativas? ¿Será que estas personas que firman y afirman esta necesidad pueden explicarnos los criterios de definición del tiempo de privación de la libertad?

c. El caso de hoy en Chía es terrible; tanto como miles de miles en el país. Pero quiero llamar la atención sobre otra manera de pensar algunas de estas cosas: nadie piensa que en Chía, igual que en Bogotá, la cosa está brava, peligrosa. No es que estemos en el mejor país del mundo y que el señor Uribe nos tenga en el cielo. La vía en que fue encontrado el niño asesinado que ha dado lugar a este despliegue periodístico que afirma que “Colombia está de luto”, es una vía que no se usa por falta de seguridad. Ubiquémonos: esta vía conduce del municipio de Chía al de Tabio; queda a 25 minutos de Bogotá y se recorre en su totalidad en 20 minutos a baja velocidad, en automóvil. Pese a ser significativa la mejora en el viaje a Tabio está subutilizada porque es muy insegura: está prohibido el paso por ésta de las 5pm a las 6am. La seguridad democrática no ha llegado a esta vía. Por los múltiples atracos, violaciones, apuñalamientos, robos de todo tipo, y atrocidades penosas como la del padrastro violador asesinado por el celador de la clínica de Chía al buscar atención, hay que cuestionar la belleza e idealidad del modelo de la seguridad democrática. Si no funciona en un municipio de la sabana de Bogotá, que más parece un barrio capitalino, ¿qué podemos esperar del resto del país?

d. Una ñapa. El único programa que reproduce los testimonios de los paramilitares, que intenta mostrarle al país la atrocidad que vive, que esconde y que reelige -hablo de “Contravía”-,  que tiene un horario de mierda: domingo 11 pm por Canal Uno. Pa’ pior: El domingo pasado en el que se esperaba la entrevista al único paramilitar que está comprometido con la verdad y que está hablando, H.H., casualmente se alargó la Telepolémica porque Millonarios (el equipo con nombre más elitista y arribista) perdió con el América. Así, mientras entretienen a este pueblo ingenuo con fútbol y novelas en el horario estelar, las confesiones de paramilitares y los documentales investigativos son dejados en un horario y un canal que nadie ve. Además, cambian el horario sin previo aviso y listo: los que esperan el programa hasta las 11!!!!, viendo que no comienza, se van a dormir. Que siga durmiendo Colombia.

e. ¡Ah, sí! La entrevista del programa Contravía podía ayudar en algo a las víctimas de los grupos de autodefensas, pero nada como si se escuchara una verdadera rendición de cuentas pública de estos asesinos. Pero no, al Presidente y al uribismo les parece mejor extraditarlos. Luego sale el Ministro del Interior de la In-justicia a decir que no hay presupuesto para hacer las audiencias virtuales. ¿Cuánto costará usar Skype? ¡Ni mierda! Y así, así; entre noticias infladas y programas desplazados; entre extraditados y penas ridículas, vienen a decirnos que hay que darle pena de muerte o cadena perpetua a unos. La gente que apoya la pena de muerte seguro no ve noticias: el Estado colombiano está demandado por capturas ilegales; pueblos enteros han sido violentados con capturas masivas que terminan en liberaciones y disculpas, en el mejor de los casos. Personas inocentes tienen que ser liberados todos los días por errores judiciales; mientras culpables gozan de beneficios y cargos públicos (con muy buenos sueldos). Los familiares y amigos del Gobierno entran y salen de la cárcel como quien pasa por la peluquería y nadie se acuerda; seguro que el país recordaría más el paso del primo del Presidente por una peluquería (noticia presentada en Estilo RCN), que su paso por la cárcel. Y tienen el descaro de salir a pedir pena de muerte o prisión perpetua!!!! ¿Qué instituciones juzgarán a estos presuntos violadores de la ley? ¿Acaso las instituciones que cada día aparecen con escándalos de corrupción, o acaso la rama judicial sin presupuesto, porque a este gobierno le encanta recortar de ahí para la guerra? Con más plata para la guerra sólo tendremos más sangre. Menos plata para la justicia es más impunidad. ¡Y esas son las noticias! ¡Imagínense lo que no llegamos a saber!

f. Así, no puedo quedar de otra manera que en contravía.    

Leyendo Max Weber, La ciencia como profesión (Wissenschaft als Beruf):

“La idea por sí sola no puede sustituir al trabajo, del mismo modo como éste no puede reemplazar ni forzar a la idea y así como tampoco puede hacerlo la pasión. En cambio, el trabajo y la pasión, sobre todo si van unidos, sí pueden provocar la idea pero ésta surge cuando menos se espera y no cuando nosotros lo deseamos”.

Decía Hegel y repetía Rubio: “Nada grande ha sido hecho sin pasión”. Machado, por su parte:

“En el corazón tenía

La espina de una pasión;

Logré arrancármela un día:

Ya no siento el corazón.” (…)

“Mi cantar se vuelve plañir:

Aguda espina dorada,

Quién te pudiera sentir

En el corazón clavada.”

Sobre una reciente discusión:

A: Opina que la defensa del Status quo implica mantener el orden capitalista, que promueve el desarrollo técnico y genera riqueza. En consecuencia, marca una firme oposición frente a la izquierda. Afirma que la posibilidad de paz supone el aniquilamiento de las fuerzas armadas ilegales, para que, dentro del supuesto status quo capitalista, cada uno opine y  produzca según su mejor posibilidad. Así pues, opina que la guerrilla, dadas las condiciones de un conflicto armado -de una guerra- debe ser atacada. Según esto el Estado no puede, con su fuerza pública, limitarse a la defensa; sino que es preciso el ataque a la ilegalidad.

B: Sostiene que por encima de guerrilleros, de ilegales, de violadores, de asesinos, las personas son personas, y que en consecuencia el deber del Estado es defender bajo cualquier circunstancia su vida. Así, la tarea de las fuerzas armadas del Estado no puede consistir en el ataque, sino que debe plantease siempre con vistas al fin de la defensa de la vida de todos los ciudadanos. En consecuencia se hace ilegítimo el uso de la violencia extrema, por ejemplo, el bombardeo y el pago de recompensas por el asesinato. En ambos actos prima la idea de un fin militar, sobre un fin legal y moral. Pues con el bombardeo a zonas de alta actividad guerrillera se perjudica no sólo a los armados ilegalmente, sino a pobladores, ciudadanos del Estado, que son usados por tales grupos. En el caso del pago de recompensas por asesinato, prima el triunfo militar, sobre el derecho a la vida. Puede, cualquiera, asesinar a otro siempre y cuando el Estado lo busque para rendir cuentas por sus delitos. ¡Cuán peligrosa es esta idea! ¡Resulta condenado a muerte (algo como una pena capital civil) todo aquel que tenga una orden de captura, y todo aquel que sea obligado por un grupo armado ilegal a permanecer en su domicilio mientras ellos lo ocupan! ¡Qué susto!

Si bien la discusión fue mucho más allá de lo señalado, y seguramente mi relato no es completamente fiel -ni puede serlo- frente a la centralidad del problema tratado -legitimidad del asesinato por parte de las fuerzas armadas del Estado, perdón, legitimidad del acto de “dar de baja” en la guerra-, cabe hacer públicas estas posiciones con el fin, más democrático que el incondicionado mantenimiento del status quo, de permitir a muchos otros, y a los mismos en más tiempo, discutir los límites de la acción del Estado en relación con sus fines, definidos desde antaño en la Constitución.

Quiero agregar aquí lo que me hizo volver sobre esta discusión. Leyendo la prensa:

“Las concepciones de la política derivan de dos tipos de psique humana: una fáctica, basada en el uso del temor, reactiva e intrépida, privilegia el orden y la autoridad sobre las libertades; la otra, normativa, basada en la confianza, en la prudencia y en el cambio, prioriza los derechos humanos sobre el statu quo. La concepción fáctica es generalmente realista y pesimista. Para ella, el ser humano es malvado; la política, campo de lucha; los agentes políticos, amigos o enemigos. En contraste, la concepción normativa es optimista. Cree en la perfectibilidad humana, en el disenso reglado y en la sucesión pacífica y consensuada del poder político”. Columna disponible aquí.

Para Vanessa y Mauro.

“Podemos imaginarnos un lenguaje en el que todas las aseriones tuviesen la forma y el tono de preguntas retóricas; o toda orden la forma de una pregunta; <<¿Querrías hacer esto?>> Quizás entonces se diría: <<Lo que él dice tiene la forma de una pregunta, pero es realmente una orden>>”

Wittgenstein, Investigaciones filosóficas.

Felicitaciones a Camilo, Miloc, por su trabajo. Es un logro y estímulo de su ñoñez.

Un fragmento de la columna de María Jimena Duzán (léala aquí)

“Este episodio demuestra que en este tema el discurso oficial va por un lado y la realidad va por otra. Y que mientras el gobierno insiste en que esta cooperación judicial está fluyendo sin mayores tropiezos, se suspenden audiencias como la de Mancuso dizque por falta de recursos, lo cual resulta inaudito.

Pero más allá de los tropiezos en la cooperación judicial, este episodio plantea el interrogante en torno a cuán creíbles resultan los testimonios de los jefes paramilitares a la luz de una sociedad que todavía no sabe si quiere saber toda la verdad de lo que sucedió con el paramilitarismo o si quiere saber sólo la puntica. Y en ese sentido, el caso puntual de Salvatore Mancuso no deja de ser insólito en medio de este paisaje. De todos los jefes paramilitares que fueron extraditados, él fue el único que relacionó en sus versiones libres a políticos, a empresarios y a militares, señalándolos con nombre propio. Y sin embargo, a pesar de la contundencia de muchos de sus testimonios, estos no han servido sino para producir inhibitorios y eventuales preclusiones. En el caso del ex senador Mario Uribe su testimonio, según el cual este político paisa habría tenido una reunión con él antes de las elecciones de 2002, con el fin de afinar la entrada en las zonas controladas por ellos, fue considerado confuso por el vicefiscal Mendoza; su testimonio contra Juan Manuel Santos, a quien señaló de haber ido a una reunión con las AUC en el año 1997 con la idea de buscar apoyo para armar un frente anti-Samper -Juan Manuel también habría hecho lo mismo con las Farc a través de Raúl Reyes-, fueron desechados por la Fiscalía que profirió una resolución inhibitoria hace ya varias semanas a favor del Ministro de Defensa. Y hace 10 días la Fiscalía acaba de hacer lo mismo a favor del vicepresidente Francisco Santos, quien fue señalado por Mancuso de haberse reunido al menos cinco veces con Castaño y con él -al parecer entre 1996 y comienzos de 1997-. Mancuso afirmó que en una de esas reuniones ‘Pacho’ Santos habría sugerido la conformación de un bloque de autodefensas en la capital de la República con el fin de contener el avance de las Farc. Para la Fiscalía esos comentarios fueron hechos “entre chiste y chanza”. Ni siquiera se le creyó cuando sacó a la luz el nombre del general Rito Alejo. Este caso tomó relevancia sólo después de que ‘H.H.’ formuló nuevas acusaciones en contra del general, hoy de nuevo en la cárcel. Actualmente Mancuso parece más un mentiroso compulsivo que un jefe paramilitar -de los pocos-, que ha cumplido con los compromisos de Justicia y Paz. Una inútil paradoja”.

La “seguridad democrática” nada tiene que ver con una seguridad de la democracia, ni para la democracia. Si bien no creo que la política tenga que restringirse al dominio de la Constitución y la ley, dejando fuera toda alter-nativa, una política gubernamental sí debe regirse por los principios establecidos por la voluntad general, primeramente representada en la Constitución. Si suscribimos el deseo de vivir en democracia será entonces necesario proteger la separación de poderes y exigir a todos los actores políticos respeto por la totalidad institucional de nuestro Estado: 

“Un pacto de fidelidad constitucional exige atenerse a los hechos
probados y respetar las decisiones judiciales, sin cuestionar la
persona de los jueces. Si se atacan los pilares del Estado democrático
de derecho, la sujeción a la ley y la independencia judicial, se atenta
contra la democracia, entendida como proceso equitativo de formación de
la voluntad general. Sólo el irrestricto acatamiento de las reglas de
juego garantiza una paz duradera. Lo positivo de la presente situación
es que nos permite aprender que popularidad y democracia no son la
misma cosa. Gracias al mal momento podemos, además, madurar nuestro
entendimiento, valorar nuestra práctica política y mejorar la salud de
nuestra democracia”.

http://www.elespectador.com/columna-una-democracia-enferma

Así, cabe poner “todos los medios”, incluso éste, para favorecer una
mayor participación, discusión y toma de conciencia en, sobre y de la
democracia.